Imputado: ¿Vos no tenés, no hay algún transporte que vaya para ahí no?

NN: ¿De ahí del Chaco?

Imputado: Ajá.

NN: La verdad que no sé, ¿por qué, pá?

Imputado: Porque nosotros, yo el otro día tuve quilombo con Gendarmería viste, entonces por eso por ahí estoy queriendo dejar de llevar yo y mandar directamente, ¿me entendés?

NN: Ajá, ¿y en dónde tuviste problema?

Imputado: Acá en el Chaco controlaron y teníamos los cartuchos y viste que no podemos andar circulando con cartuchos.

NN: Ajá.

Imputado: Y bueno, entonces más fácil mandarla con transporte, que viste que en una cajita con transporte nadie va a revisar”.

La citada conversación se registró el pasado 8 de julio y constituye una escucha plasmada en el expediente 2366/2023 a cargo del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, que investiga el accionar de una banda que traficaba armas de fuego y municiones mediante encomiendas.

De los once imputados, cinco son misioneros con domicilios en Oberá, Andresito, Bernardo de Irigoyen y San Antonio, todas localidades linderas o cercanas al Brasil, el destino final del armamento. El último miércoles fueron procesados nueve.

“La investigación se inició el pasado 9 de marzo cuando personal aduanero de la ciudad de Posadas, en virtud de la realización de controles de encomiendas en los depósitos de la firma Crucero Exprés, advirtió la existencia de dos bultos que fueron remitidos desde Roque Sáenz Peña con destino final Bernardo de Irigoyen y otros pasos fronterizos de la provincia de Misiones”, precisa el expediente.

Las pruebas

Al abrir dichos bultos, los funcionarios encontraron un arma de fuego calibre 22 usada, 125 cartuchos para escopetas y 150 balas calibre 38 nuevas de industria nacional, lo que constituyó una infracción a la Ley Nacional de Armas y Explosivos, la cual prohíbe el envío de armas y municiones mediante la vía postal.

De las pesquisas de los distintos envíos de remitentes a destinatarios, surgió el nombre de Darío Hernán K., con marcada actividad en el envío de encomiendas.

“Del análisis de las escuchas telefónicas ordenadas en la causa, fue surgiendo un entramado en el que participarían, desde una armería, compradores/revendedores de armas y municiones, así como personas encargadas de la realización de envíos mediante encomiendas a distintos compradores en la provincia de Misiones, que a su vez desarrollan tareas de contrabando hacia Brasil, teniendo éstos antecedentes penales y una estrecha vinculación con otros delitos como el tráfico de sustancias estupefacientes”, se detalla en la causa a cargo de autoridades de la Justicia Federal.

Precisamente, entre los nombres que aparecen en el expediente figura el de Rosendo A., con domicilio en Panambí, quien purgó condena por tráfico de drogas.

En tanto, como principales piezas de la organización fue identificada una armería de la localidad de Charata, Chaco, donde se vendían municiones y armas sin control alguno.

“Los encargados del lugar manifestaron no tener impedimentos para realizar la comercialización si faltara algún documento legal. Además, para las municiones posiblemente cargarían el registro a otras personas que no comprarían habitualmente en la armería”, indica la acusación.

Vínculo con el narcotráfico

Por su parte, Darío Miguel P. vendía municiones a distintas personas de manera ilegal ya que no está autorizado para la actividad, además realizaría actividades delictivas compatibles con lavado de activos y evasión fiscal.

Darío Hernán K. -el presunto líder- enviaba los paquetes a la provincia de Misiones. Según los registros oficiales, sólo con Crucero Exprés envió por lo menos 80 bultos.

“Además registra comunicaciones con abonados de Misiones y envíos a Gustavo B. y Yesica F. de Bernardo de Irigoyen, quienes viven juntos y son pareja, destacando que hay registros de comunicaciones entre K. y B.”, precisa la investigación.

Otra persona encargada de enviar paquetes a la provincia de Misiones era Ramón G., el cual mandó seis bultos con Crucero Exprés. Los destinatarios de dichos envíos fueron Sabrina D. S. y su pareja de Junior S., quienes residen en San Antonio.

Por su parte, Fernando Roque O. registra el envío de 18 paquetes con destino a Misiones, tal cual el registro de la empresa Crucero Exprés.

En la causa también fue imputado un remisero obereño identificado como Miguel Ángel M., quien recibió una escopeta enviada por Enzo V. También existen registros de comunicación entre ambos.

Asimismo, Enzo V. registra comunicación con Rosendo A., de Panambí, quien recibió paquetes de Ramón G. y Darío Hernán K., ambos imputados.

“Rosendo A. posee antecedentes por tráfico de drogas, por lo cual se presume que podría estar adquiriendo armas y municiones a través de encomiendas para el contrabando a Brasil o bien para la utilización de posibles organizaciones vinculadas al narcotráfico”, indica el expediente.

Allanamientos y secuestros

Con estos elementos, el pasado 10 de agosto se concretaron quince allanamientos simultáneos en propiedades ubicadas en las provincias de Chaco, Misiones, Buenos Aires y Río Negro, los lugares identificados como destinos de las encomiendas.

Se estableció que la mayoría de las armas de fuego y municiones eran contrabandeadas a Brasil.

“La banda delictiva coordinaba el traslado por territorio nacional del armamento con destino a la frontera seca de Misiones, cuyas características geográficas facilitarían el cruce de mercaderías hacia la República del Brasil”, citó un vocero del caso.

Claro está que además de geografía de Misiones, otro factor que propicia el tráfico fronterizo obedece a las diferencias cambiarias con el vecino país.

En tanto, personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) procedió a la detención de seis personas, mientras que otras cinco quedaron supeditadas a la causa.

Asimismo, fueron secuestradas 69 armas cortas y largas, 306.724 municiones, diez miras telescópicas, cuatro máquinas para recarga de municiones, 9.381.470 pesos argentinos, 53.772 dólares estadounidenses y 18.720 reales.

También decomisaron catorce teléfonos celulares, 300 cartones de cigarrillos, 102 neumáticos, 600 unidades de mercadería extranjera, cuatro CPU, dispositivos de almacenamiento y demás elementos de interés para la causa.